Según han explicado desde el Ayuntamiento, la operación asfalto se inició en el año 2007 cuando gobernaba un grupo independiente. Las obras fueron adjudicadas por 450.000 euros a la UTE Imesapi, pero finalmente la inversión se incrementó en 147.00 euros “sin contar en absoluto con el procedimiento legalmente establecido y sin que constara su aprobación por el Ayuntamiento”.
Ahora la Justicia obliga al consistorio a pagar ese incremento de obra, aún no satisfecho, por lo que las arcas municipales se verán “resentidas” en lugar de poder destinar esas cantidades “a otros fines, por ejemplo sociales”.
Al respecto el actual regidor, José Antonio Sánchez, ya ha señalado en otras ocasiones que este tipo de sentencias, “habituales” en los últimos años, suponen “un golpe más a las maltrechas arcas municipales”.
Comentarios
Vecino de Humanes dice:
El Ayuntamiento a pagar. Y el anterior alcalde de rositas. Vergonzoso
viernes, 23 de mayo de 2014 a las 18:29