Granados y los alcaldes de Parla, Valdemoro, Torrejón de Velasco y Casarrubuelos, detenidos en una redada anticorrupción

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Granados y los alcaldes de Parla, Valdemoro, Torrejón de Velasco y Casarrubuelos, detenidos en una redada anticorrupción

Agentes de la Guardia Civil, a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, han desarrollado este lunes una macrorredada y registros en empresas y domicilios particulares de varias provincias españolas, entre ellos el de Francisco Granados, que fue alcalde de Valdemoro, consejero de la Comunidad y senador.

Granados llevaba tiempo siendo investigado después de que se descubriera una cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros, según publicó El Mundo. Cuenta que fue abierta nada más llegar a la alcaldía en 1999 y cuyo dinero ha sido retirado hace unos meses. Se investiga si tiene relación con sus decisiones en el Ayuntamiento.

También han sido detenidos los alcaldes de Parla y Valdemoro en la Operación Púnica, José María Fraile y José Carlos Boza respectivamente. Los registros se han producido en los ayuntamientos de Parla y Valdemoro además de otras localidades del sur de Madrid como Móstoles.

Los alcaldes de Casarrubuelos, David Rodríguez (PP), y Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP), también han sido detenidos por la Guardia Civil en el marco de la "macroperación Púnica" contra una trama de corrupción a nivel municipal y regional.

Entre los detenidos además están otros nombres importantes como el de Javier Hernández, concejal de Hacienda, portavoz y primer teniente de alcalde de Valdemoro, y el conocido empresario David Marjaliza, amigo desde la infancia de Francisco Granados con negocios en varios municipios.

La operación bautizada como "Púnica" está siendo desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Madrid, Valencia, Murcia y León. Están previstas cerca de 51 órdenes de detención y las correspondientes ordenes de entrada y registro en domicilios y empresas. Además hay ordenados 259 mandamientos a registros de la propiedad y también se conocen 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto.

La Fiscalía Anticorrupción informa que se trata de una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de la provincia y Comunidades Autónoma de Madrid, Murcia, León y Valencia, en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas.

A la trama se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delito fiscal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, revelación de secretos, fraude contra la Administración y organización criminal.

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