Según la información publicada este martes, Granados cobraba “mordidas” de hasta 900.000 euros por cada colegio concertado cuya instalación facilitaba. Y lo hacía a través de una promotora de centros educativos con sede en Valdemoro.
En opinión de Javier Gómez, candidato y portavoz de IU en la localidad, queda de nuevo en evidencia el “inmenso pozo de corrupción” que ha supuesto la gestión del PP en la localidad. Por eso ha solicitado que el Ayuntamiento de la localidad recupere el dinero de las cesiones a colegios concertados en el municipio que presuntamente han estado vinculadas a la operación Púnica.
Además Gómez ha señalado que la responsabilidad de estas acciones recae en todo el grupo municipal popular del Ayuntamiento, por lo que ha reclamado la dimisión de sus concejales. Por otra parte también el colegio Mirasur de Pinto está bajo sospecha, ya que la sociedad Alfedel también participa en su gestión y la cesión del terreno, en época del gobierno socialista, está bajo una posible sospecha de cobro de comisiones.
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