El objetivo de la tarjeta, que tiene una validez de cinco años prorrogable, es facilitar la movilidad a las personas discapacitadas que viven en la región y que no pueden y utilizar el transporte público, por lo que deberán solicitarla en su respectivo municipio.
Además, sus titulares pueden acogerse a los beneficios en materia de aparcamiento, implantados por los distintos ayuntamientos, fuera del ámbito municipal, como estacionar sin tener que hacer grandes desplazamientos y lo más cerca posible de sus domicilios o del lugar al que quieran trasladarse.
Los ayuntamientos que desde 2003 se han sumado a esta iniciativa han tenido que aprobar una ordenanza municipal para regular la tarjeta en la que figura, entre otros asuntos, los requisitos para los titulares de la misma, como tener un dictamen de persona con movilidad reducida emitido por la Comunidad de Madrid en el que se refleje si se encuentra imposibilitado o presenta graves dificultades para la utilización del transporte público colectivo y si la situación de movilidad reducida es de carácter temporal o definitivo.
Además, los beneficiarios tendrán facilidades en materia de parada y aparcamiento en vías urbanas ya que podrán estacionar el vehículo más tiempo del autorizado en las zonas en que se encuentre limitado.
La Dirección General de Transportes es quien centraliza las anotaciones de concesión, denegación, renovación o revocación de todas las tarjetas que expiden los ayuntamientos que se han adherido al convenio.
Comentarios