Según indicó la concejala de Urbanismo en el último Pleno municipal, la Comisión europea comunicó al Ayuntamiento que no podía cerrar el proyecto porque faltaba un informe complementario de su ejecución final. Para solventarlo el Consistiro contrató una auditoría externa y ésta ha descubierto supuestas irregularidades. Paz Álvarez calificó de “poco ortodoxa” la realización del proyecto y aseguró que se habían fragmentado hasta 33 contratos para evitar el concurso público.
La edil de Urbanismo indicó que “llueve sobre mojado” en este sentido, ya que cifró en 25 millones de euros el dinero que ha tenido que pagar el Ayuntamiento por errores en la gestión del anterior Ejecutivo local.
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