El gobierno municipal ha logado desbloquear este edificio, paralizado durante once años y dar a las viviendas un uso social en respuesta a la situación de crisis. La adjudicación se ha realizado en base a una ordenanza municipal, creada por el actual gobierno local, que contempla el alojamiento de las familias en este tipo de viviendas, con un carácter temporal, para permitir la rotación.
La adjudicación es por un año a partir de la formalización del documento administrativo a suscribir, aunque la estancia se podrá prorrogar por periodos iguales, hasta un máximo de cuatro años, a propuesta de los Servicios Sociales municipales, siempre justificando la necesidad.
La puesta a disposición de estas viviendas conllevará un canon mensual de un máximo del 30% de los ingresos mensuales familiares, incluyéndose en dicha cuantía los gastos de la comunidad de vecinos. Se prevé que Servicios Sociales pueda fijar un canon inferior a dicho porcentaje, llegando incluso a la gratuidad de las viviendas, según las circunstancias socioeconómicas de los adjudicatarios.
En esta legislatura se han venido manteniendo reuniones con el IVIMA para desbloquear estas viviendas y darles un uso que permitiera ayudar a personas especialmente afectadas por la crisis.
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