La moción, aprobada con los votos a favor de PSOE e Izquierda Unida y la negativa del PP, afirma que “algunas Comunidades Autónomas gobernadas por los populares “piensan boicotear” la Ley del aborto aprobada en el Parlamento. Cita los casos de Murcia y Navarra, y centrándose en el ámbito madrileño, el texto afirma que la presidenta Esperanza Aguirre sigue una estrategia basada en “derivar a las clínicas privadas –concertadas” las intervenciones amparándose en la objeción de conciencia e “impidiendo” que las intervenciones se realicen en cualquier centro de la sanidad pública.
PSOE e Izquierda Unida sostienen que la objeción de conciencia por parte del personal sanitario “no puede convertirse en una manera encubierta de no garantizar dicho derecho en la sanidad pública”, donde sólo se realizan el 2% de los abortos. Por último añaden que detrás de la postura regional se esconden intereses económicos.
Por su parte el Partido Popular se opuso a la moción afirmando que la Comunidad de Madrid ya cumple la Ley, y sobre la objeción de conciencia, destacó que ya existen códigos deontológicos al respecto.
Finalmente la moción aprobada por el ayuntamiento fuenlabreño incluye un punto instando al Gobierno central a crear un registro de objetores de conciencia de carácter público.
Comentarios