La principal baza de la defensa de Moreno Pingaron pasa por culpar a los políticos. Desde que comenzó el juicio a mediados de septiembre mantiene que le han engañado y que si hubiera habido voluntad política, la quiebra de las cooperativas se habría evitado. Por eso la defensa llama a declarar como testigos este lunes a Esperanza Aguirre, Ana Isabel Mariño y Pedro Castro.
Aunque su vinculación con el caso, si existe, no parece que se pueda probar fácilmente, ya que las acusaciones insisten en que quien cogió su dinero, casi 30.000 euros por familia, y desapareció, fue Moreno Pingarrón. Y por eso la Fiscalía pide casi diez años de prisión, seis y medio por apropiación indebida y tres por un delito societario.
Cabe destacar que el administrador único de PSG ya ha ingresado en un centro penitenciario de inserción social por una condena del pasado año por apropiación indebida relacionada también con su actividad empresarial.
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