Según el PSOE, el pliego de condiciones obligaría a la empresa adjudicataria a perder un millón de euros en cuatro años, por lo que no garantizaría la correcta prestación del servicio y podría servir para justificar el “despido masivo” de trabajadores.
Sin embargo desde el gobierno, el propio alcalde Jesús Gómez ha explicado que tras el recurso especial en materia de contratación, los tribunales siempre paralizan el proceso de oficio, por lo que no supone ninguna resolución ni indicio de irregularidad.
Gómez además ha pedido al PSOE que explique “qué es lo que está mal exactamente” y que presente “pruebas más sólidas” en lugar de “lanzar sospechas sobre que el servicio se va a prestar mal”.
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