La intención del PSOE es que el director general de la Guardia Civil informe de sus actuaciones en relación con las supuestas presiones sufridas por la Asociación Pro Huérfanos. Según el diario El País, esta entidad se negó a pagar 120.000 euros al Ayuntamiento para construir en el terreno de un antiguo cuartel, y en el mismo acuerdo se incluía la cesión al Consistorio de una parcela de casi 2.000 metros cuadrados.
Dicha parcela era muy codiciada por algunos de los imputados en la trama Púnica, y según el diario, su intención era conseguirla en subasta y luego multiplicar su precio. Para ello necesitaban que el acuerdo se cerrara, y por ello David Marjaliza presuntamente presionó al presidente de la Asociación pro Huérfanos, tal y como se recogen en las grabaciones policiales del sumario.
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