El PP pide la dimisión del alcalde de Getafe al que consideran máximo responsable de las presuntas adjudicaciones irregulares
El Partido Popular de Getafe solicitó hoy la dimisión del alcalde de Getafe, Pedro Castro, al que consideran máximo responsable de una presunta trama de corrupción en la adjudicación de 1.423 plazas de aparcamientos municipales y denunciaron que el Gobierno municipal les ha entregado documentos mutilados sobre este asunto.
- Actualidad - Getafe
- 16/06/2009 a las 15:08
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El portavoz del PP de Getafe, Carlos González, aseguró en rueda de prensa que existe una vinculación, desde el inicio hasta el final, entre los adjudicatarios de los aparcamientos, la gestora responsable de los mismos y miembros del Gobierno municipal como el concejal de Hacienda, David Castro, y la concejala de Obras, Cristina González, así como el marido, el padre y la madre de esta última.
El PP hizo pública esta mañana diversa documentación en la que, según González, se puede comprobar que el propio concejal de Hacienda fue el encargado de firmar el contrato de una de las adjudicatarias, Sociedad Cooperativa Jilguero 2005, en el que también aparecen las rúbricas del marido y del padre de la concejala de Obras.
Asimismo, añadió que entre los documentos figura que el Ayuntamiento se compromete a asumir las plazas que a 1 de enero de 2010 estuvieran pendientes de vender por lo que el portavoz popular se preguntó qué saben estas empresas adjudicatarias y estas gestoras para que el Ayuntamiento se vea forzado a adquirir plazas de aparcamiento a entidades privadas.
Por otro lado, el PP denunció que los documentos que les han facilitado en el marco de la comisión de investigación, que comenzó ayer sus trabajos, están mutilados e incompletos ya que, según dicen, no se ha puesto a su disposición el expediente de uno de los aparcamientos, que afecta directamente al conejal David Castro, situado en la calle Valdemorillo y, además, a otros expedientes les faltan las plicas originales de las empresas que se presentaron al concurso y documentos acreditativos de la incompatibilidad y de la capacidad financiera y solvencia técnica de las empresas adjudicatarias.
Por su parte, fuentes municipales señalaron hoy que a la comisión de investigación hay que dejarla trabajar y agregaron que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando acciones legales contra el PP por vulnerar supuestamente la Ley de Protección de Datos al hacer pública la documentación.
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