El PP fuenlabreño consulta con sus servicios jurídicos si el Ayuntamiento podría estar prevaricando con el IAE
El auto judicial anula el artículo 12 de la IAE, donde se fija el coeficiente de situación según la categoría asignada a cada zona. Así las categorías 1 y 2 tienen un coeficiente más alto que la 3 o la 4. Este coeficiente, que establece el Ayuntamiento, se multiplica por otros como el de municipio y el de ponderación, ambos marcados por ley y sobre los que el Consistorio no tiene potestad. El resultado es la cantidad a pagar por la empresa. La sentencia responde a la denuncia de una empresa de la ciudad, APLIBAND, por el impuesto pagado en 2012.
El portavoz del PP, Sergio López, critica que a pesar de esta sentencia firme y por la que “no cabe recurso alguno”, tal y como recoge el auto, el Ayuntamiento haya vuelto a emitir en septiembre los recibos de este impuesto para 2015. Por eso, afirma que estudia con los servicios jurídicos del partido una posible prevaricación del gobierno municipal.
En virtud de esta sentencia, López, dice que el Ayuntamiento tendría que devolver parte del dinero recaudado por el IAE de 2012 a 2014 a las empresas demandantes y en 2015 a todas a las que se les cobre, porque “se hace sin anular el citado artículo a pesar de la sentencia”. Teniendo en cuenta que el IAE sólo lo pagan en Fuenlabrada los negocios que superan el millón de euros de facturación anual, serían unas 1.500 empresas y López cifra la devolución en cerca de ocho millones.
El alcalde, Manuel Robles, rechaza las críticas del PP y recuerda que el Ayuntamiento ha recurrido al Tribunal Supremo y, por lo tanto, hasta que éste no se pronuncie se sigue cobrando el impuesto con normalidad. Puntualiza Robles que la sentencia no cuestiona la potestad del Consistorio, sino el que no se motivara suficientemente la categorización de las calles. El regidor achaca un “desconocimiento total” al PP al decir que con la anulación el Consistorio debería devolver a las empresas cerca de ocho millones de euros. Dice que la cantidad no superaría los trescientos o cuatrocientos mil euros, en su totalidad.
El alcalde espera que el Supremo resuelva el recurso presentado y ha precisado que nadie cree que por el IAE puedan cerrar empresas o no instalarse.
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