Miriam Rabaneda ha afirmado que la ampliación de la querella se debe al interés de que el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 7 de Parla investigue la posible existencia de indicios de un presunto delito de tráfico de influencias con el nombramiento de Aída María Núñez que, además, obligó a ampliar el número de consejeros en la empresa pública de diez a once.
La ex alcaldesa de Pinto ha calificado de “lamentable y vergonzoso” que dicha ampliación del Consejo de Administración coincida con el despido de siete trabajadores de la empresa.
En este sentido, Rabaneda ha criticado que el Gobierno Local continúe agravando el gasto para las arcas municipales y que, en su opinión, lo haga siempre sin tener en cuenta las necesidades de los vecinos.
Por su parte, el alcalde de Pinto, Juan José Martín, ha defendido la legalidad de la asignación de la nueva consejera de Aserpinto. El regidor pinteño ha asegurado que su nombramiento se debe exclusivamente a una práctica habitual que ya llevó a cabo, en su momento, el Partido Popular con el nombramiento de un concejal del independiente Juntos Por Pinto, en virtud de la representación de los grupos políticos dentro del Consejo de Administración de la empresa municipal.
La demanda en la que se ha incluido a Aída María Núñez imputa al alcalde y al portavoz de Izquierda Unida, Carlos Penit, así como al edil de Juntos por Pinto, Reyes Maestre; por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, al vincular a los firmantes de la moción de censura del 22 de diciembre con los promotores del proyecto urbanístico de El Espacio del Motor.
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