La propuesta, presentada por el PP y aprobada con enmiendas de UPyD e IU, supone suspender el contrato de forma cautelar hasta realizar los trámites para su eliminación, con el fin de acabar con la sangría de las multas. Hay que recordar que los radares más activos saltan cuando se va a más de 40 kilómetros por hora y están colocados en vías con mucho tráfico, coincidentes con áreas sin viviendas ni colegios en algunos casos.
El portavoz del PP, Miguel Ángel López, calificó durante el pleno la privatización como un insulto a la inteligencia y propuso colocación de badenes o semáforos en lugar de radares. Desde IU, su portavoz, Eugenio Santos apoyo la idea de “remunicipalizar” el servicio, mientras que el portavoz y candidato socialista, Pablo Sánchez, también defendió la rescisión del contrato, como ya había hecho anteriormente, pidiendo esta medida a la alcaldesa y compañera de partido, Beatriz Arceredillo.
Desde el PP además han pedido explicaciones al gobierno sobre “qué intereses ocultos, qué prisa tenían por aprobar este contrato con el que han regalado dos millones de euros a una empresa”. La alcaldesa asegura que ya han iniciado los trámites para suspender el servicio, a ser posible de mutuo acuerdo con la empresa.
El contrato supuso para la adjudicataria, que entre octubre y noviembre de 2013 puso 12.000 multas, una recaudación de dos millones de euros, de los cuales 1,6 eran para ella y el resto para el consistorio. Por eso la moción aprobada pide que se instalen otras medidas como semáforos o badenes y se estudie si se han lesionado los derechos municipales con este contrato.
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