El portavoz del PP, Miguel Ángel López, ha justificado sus acusaciones debido a que según el pliego de condiciones Masercisa debió realizar doce jornadas de formación “de 4.000 euros cada una”, aunque según el portavoz “sólo tenemos constancia de una” y además “no se aporta documento justificativo de los gastos generados”. Además López cree que “la prueba de la connivencia entre UGT y el gobierno municipal” es que cinco trabajadores municipales despedidos en 2011 han perdido sus sentencias “en casos llevados por abogados de UGT” y sin que el sindicato “haya reclamado nada”.
Como réplica el alcalde, José María Fraile, ha criticado el “discurso repugnante” al vincular a un “complot” del equipo de gobierno en el que participan “la judicatura, empelados o abogados profesionales”.
Por su parte la portavoz de Izquierda Unida, Carolina Cordero, ha señalado que el Pleno no puede “determinar si algo es legal o no, sólo reclamar responsabilidades políticas”, por lo que ha introducido una enmienda, finalmente aprobada en detrimento de la moción del PP, en la que se pide “iniciar acciones legales para esclarecer si ha habido fraude, y en caso de que se constate, exigir que se restituyan a las arcas públicas las cantidades aportadas”.
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