La propuesta ha contado con el voto favorable de PSOE e IU, la abstención de UPyD y el voto en contra del PP. Según el texto, entre las funciones de esta oficina se encontraría facilitar el “derecho de apostasía”, además de asesorar a los vecinos del municipio para de garantizar su libertad de conciencia o dar cobertura legal ante posibles discriminaciones por “racismo o xenofobia”.
Según Carolina Cordero, portavoz de IU Parla, la intención es que la creación de esta oficina “no suponga ningún coste para el Ayuntamiento”, por lo que tendría que ser gestionada por empleados y recursos públicos. Además ha destacado que el fin de esta oficina sería garantizar la defensa, incluso jurídica, de los vecinos que se sientan atacados en su libertad de conciencia.
Por su parte la portavoz socialista y primera teniente de alcalde, Maria José López Bandera, ha señalado que es “acertado” realizar este estudio para “seguir garantizando los derechos civiles de manera más sistemática” desde el Ayuntamiento. Mientras tanto el portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel López, ha señalado que ellos podrían utilizar esta oficina para “defenderse de la persecución política que está sufriendo con la supresión de las liberaciones”, mientras que el concejal de UPyD, Juan Carlos Machuca, ha señalado que todas las peticiones incluidas en la propuesta están “amparadas por la Constitución Española”.
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