La moción sirve, por un lado, para pedir que el municipio mantenga los 100 agentes que figuran en el convenio original, y por otra parte para que el Ayuntamiento recurra ante el Tribunal de Cuentas esta reducción a 86 efectivos, ya que a juicio de los socialistas se trata de una violación de un convenio firmado.
El portavoz socialista, Rafael Gómez Montoya, ha asegurado que se trata de un problema no sólo económico, sino también de seguridad, ya que dichos agentes están adscritos a labores de protección ciudadana.
Por su parte la concejala de Seguridad, Noemí Selas, ha señalado a Gómez Montoya como “culpable” de la reducción de agentes en su etapa como alcalde, ya que según Selas no cubrió cinco vacantes y no adecuó el número de agentes a la ratio real de agente por vecino.
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