El punto no ha contado con votos en contra y por tanto se reconocen extrajudicialmente los casi 720.000 euros de las certificaciones de obra desde diciembre de 2014 hasta agosto de 2015, así como las facturas de la asistencia técnica de la dirección facultativa.
La deuda había provocado que la empresa, Dragados, abandonase el proyecto. Sin embargo el pago de la deuda tampoco supondrá reanudación inmediata de los trabajos, según Sara Hernández, ya que la adjudicación está judicializada y aún habrán de esperar a la decisión judicial.
En cualquier caso, la alcaldesa asegura que en los presupuestos de 2016 sí que contemplarán una partida para concluir este nuevo escenario y ponerlo a disposición de los vecinos.
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