Los concejales del Movimiento de Izquierda Alternativa de Pinto presentaron primero un recurso contencioso administrativo y ahora han formalizado su demanda contra el Ayuntamiento para impugnar los acuerdos por los que se cambió la gestión de las basuras, la limpieza y los parques y jardines.
El portavoz del MIA, Rafael Sánchez, ha vuelto a señalar que creen que la decisión se tomó sin haber realizado los preceptivos estudios, ni encargar los informes que acrediten la supuesta necesidad de privatizar esos servicios.
Sánchez explica además que el juez rechazó suspender cautelarmente el proceso pero reconoció que no entraba en el fondo del asunto, por lo que ahora el magistrado sí que tendrá que estudiar la forma en la que se tomaron esos acuerdos.
Por su parte, y referente al “caso gasoil”, el PSOE ha asegurado que la dirección de Aserpinto “consintió el presunto tráfico de influencias en el caso gasoil”, debido a que las facturas bajo sospecha “fueron autorizadas y pagadas por el Consejero Delegado antes de los preceptivos pedidos de Aserpinto”.
Al respecto fuentes de la empresa pública han señalado que han entregado “toda la información al respecto tanto a la oposición como a los Juzgados” y han recordado que en este caso fueron “los primeros en denunciar porque no tenemos nada que temer”.
“Es radicalmete falso que el Consejero Delegado haya autorizado ninguna factura, entre otros motivos porque no está entre sus competencias el visto bueno o autorización de facturas de ningún tipo”, según fuentes de Aserpinto. Insisten en que “el Consejo de Administración delegó en el Consejero Delegado el abono de todos los pagos, incluidas las transferencias. Cuando se abona un pago es porque la factura cuenta con la autorización del responsable una vez realizado el servicio”.
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