Después de que Sagasta comprase desde Luxemburgo esta parte de la deuda, el pasado 14 de noviembre interpuso una denuncia en el Juzgado de los Contencioso Administrativo número 31 de Madrid reclamando “medidas cautelares” contra el Ayuntamiento de Parla por el impago de la deuda. Concretamente reclama al juez que obligue al consistorio a pagar 29 millones de euros. Curiosamente, el mismo día en que interponía la denuncia, Beatriz Arceredillo tomaba posesión de su cargo de alcaldesa tras la polémica por la sucesión.
Según publica el diario El País, la denuncia ha sido admitida a trámite “por desestimación por silencio de reclamación de abono de facturas”, y en ella se pide al gobierno local que de manera inmediata pague la parte de la deuda correspondiente al fondo luxemburgués.
Fuentes municipales señalan que el Ayuntamiento está dispuesto a pagar, pero necesita tiempo porque está intervenido por el Ministerio de Hacienda, por lo que pedirán un aplazamiento de ocho meses para hacer frente a esta deuda.
Cabe destacar además que la empresa que participa mayoritariamente en el Tranvía, Globalvía, propiedad de FCC y Bankia, está en negociaciones para ser comprada por un fondo radicado en Malasia.
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