La declaración se enmarca en la querella contra Fernández por prevaricación, negociación prohibida a funcionarios y malversación contra el ex regidor pinteño a raíz de que su Fundación cobrase la venta de estas viviendas en Argentina, que según un convenio inicial, se iban a ceder a personas con escasos recursos.
El ex alcalde aseguró en su declaración en 2010 que “el precio de las viviendas” lo recibió en su cuenta personal y posteriormente lo cedió a “un contador público” del país. Afirma que el dinero fue a su cuenta personal porque la Fundación “no tenía cuenta en Argentina” al carecer entonces de “personalidad jurídica”.
El Juzgado pide a Antonio Fernández que acredite con documentos estas afirmaciones y pruebe que una parte de la ventas de las viviendas “se ingresó en una cuenta del Santander en España, gastándose otras sumas en partidas de personal, mantenimiento y festividades”, según dijo.
El juez exige conocer “el destino dado a las cantidades obtenidas de las ventas, aportando, justificación documental detallada”.
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