Fue en junio de 2009 cuando se produjo el robo de ocho archivadores en los que guardaba la información de varias empresas, entre ellas el pasivo y el activo de la Fundación Pinares. El ex alcalde insiste en que otros vecinos también sufrieron robos y que en su día ya presentó la denuncia pertinente.
Asegura que “la juez pide justificación sobre unos 40.000 ó 50.000 euros que cobró la Fundación”, que se destinaron, tal y como afirma, “a becas de estudio, ayudas a emprendedores, a la Iglesia, a temas de emergencia social y para el equipamiento y mantenimiento del centro, según marcaba el convenio”. Todo, dice estaba justificado y recogido en los documentos que se robaron en 2009, aunque apunta a “la casualidad de que se produjera el robo y al poco empezaran a aparecer documentos privados en prensa”.
Pide que el PP deje de desviar la atención con su caso y no se manipule la verdad y ha criticado al abogado de la acusación particular por “montar un circo” en la última declaración ante el juez. Asegura tener la conciencia bien tranquila y ha recordado que lleva diez años fuera de la política, sin intención de volver, aunque “hay quien parece tiene miedo de que vuelva”.
La juez pidió a Fernández que demostrara con documentos la manera en la que la Fundación recibió los fondos por la venta de 18 viviendas financiadas por el Ayuntamiento de Pinto, en Pinto, Argentina, destinadas a personas con pocos recursos, que luego fueron vendidas a precio de mercado.
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