Se trata de dos estaciones de base de telefonía móvil situadas en la azotea de un edificio de la calle Joan Miró número 10, y que afectaron a una vecina con electrosensibilidad cuyo hijo reclamó la responsabilidad del Ayuntamiento.
Ahora, tras recopilar varios informes, el Ayuntamiento desestima la reclamación de 136.190 euros debido a que, en primer lugar, la condiciones del dominio radioeléctrico son competencia estatal. Además según la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones dichas estaciones cumplen la legalidad vigente.
Por último el consistorio esgrime informes técnicos sobre jurisprudencia en el que se exime a los ayuntamientos de responsabilidad directa en estos asuntos.
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