Según ha informado este viernes el Ayuntamiento, la medida se ha llevado a cabo "ante la posibilidad de que hubiera viviendas sin ocupar después del plazo máximo de un año desde la firma de la escritura", así como "en prevención de que pudieran haberse producido cesiones o alquileres fraudulentos".
Para ello, los responsables de la empresa pública han reclamado a los adjudicatarios "una copia del recibo de electricidad del último mes y un justificante de empadronamiento".
Los propietarios de las viviendas estarán obligados a cumplimentar este trámite y, "en caso de que alguno de los adjudicatarios no justificase tales circunstancias, EMSULE emprenderá acciones legales, informando para ello a la Comunidad de Madrid", entidad con capacidad para "iniciar" los correspondientes expedientes sancionadores, según el Consistorio.
Fuentes municipales han asegurado, al respecto, que "si se llegase a constatar un uso indebido o fraudulento de alguna de estas viviendas adquiridas a precios de protección oficial, EMSULE está decidida a emprender todas las acciones legales necesarias para la recuperación de la vivienda, en colaboración con las autoridades de la Comunidad de Madrid".
En este sentido, el presidente de la Empresa Municipal del Suelo, Miguel Fernández, ha explicado que el hecho de no tener la vivienda como residencia habitual constituye una falta grave" al incumplirse el artículo 8.k de la Ley 9/2003 de la Comunidad de Madrid, que fija sanciones que abarcan desde los 6.000 a los 60.000 euros.
Además, EMSULE ha ejercido, durante este mes de noviembre, y por primera vez desde su creación, el derecho de tanteo para quedarse con una vivienda cuyos adjudicatarios pretendían vender.
La Empresa Municipal de la Vivienda ha ejercido este derecho con el apoyo unánime de su Consejo de Administración, en el que están representados todos los grupos políticos del Ayuntamiento y en el que participa, con voz pero sin voto, un representante vecinal de la ciudad.
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