La moción aprobada recoge que el Consistorio se personará en los procesos judiciales individuales y colectivos que las familias iniciarán contra el cierre de los centros, y además asumirá su coste. El Gobierno local del PP votó en contra asegurando que no se podía sufragar con dinero público la defensa de los intereses de un colectivo de ciudadanos, pero no pudo evitar que la oposición sacara adelante la moción.
Dada esta postura las familias no confían en que el Ayuntamiento ejecute el dictamen del Pleno, algo que Patricia Santos, de la Asociación de Padres de la escuela Verbena, califica de “injusto”.
Las familias prevén iniciar después del verano las acciones judiciales, que pasan por recurrir el Decreto de cierre acudiendo al derecho administrativo por no haber tenido un período de admisiones o pidiendo la suspensión cautelar porque la Comunidad “no ha cumplido los pasos exigidos”.
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