Las tres familias, con menores a su cargo y la renta mínima de inserción, serán desalojadas próximamente después de que el Ayuntamiento rechazase la posibilidad de un alquiler social, pero “sin que se las deje en la calle”, según ha manifestado el alcalde, Juan Soler.
El regidor ha anunciado que la Junta de Gobierno ha aprobado el realojo de estas familias en otros pisos municipales, y que no serán desalojadas mientras no se encuentren la solución al realojo en otros inmuebles.
Aunque Soler recalca que se trata de un acto “de sensibilidad social” ya que los ocupantes de las viviendas no tienen derecho a permanecer en esas viviendas.
Se trata de viviendas originalmente destinadas a profesores, pero que fueron ocupadas ilegalmente hace casi una década “con la patada en la puerta”, según Soler. Sólo una de las inquilinas residen de manera regular debido a que es viuda de uno de los profesores.
Ahora el gobierno quiere adecentar las viviendas para destinarlas a emergencia social, por ejemplo para reubicar a familias desahuciadas, pero “de forma ordenada” y no a través de ocupaciones ilegales.
Comentarios