El proceso de desalojo comenzará después de que el consistorio solicitase la documentación para acreditar que podían residir allí y de que los inquilinos no pudieran presentarla correctamente. Por ello, aunque el gobierno local intentará buscar soluciones, asegura que debe proceder a su desalojo.
El PSOE ha vuelto a mostrar su rechazo a la actitud del gobierno municipal, del que ha dicho que “se comporta como cualquier banco” al querer desalojar a cuatro familias. Su secretaria general, Sara Hernández, ha asegurado que la Comisión Municipal de Desahucios está “paralizada” y que el alcalde “se permite el lujo” de desalojar familias.
Según ha informado el grupo socialista, se trata de familias con personas mayores de pocos recursos y con menores a su cargo, de cuya situación saben en Servicios Sociales.
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