Gómez ha recordado que los presupuestos se aprobaron y fiscalizaron favorablemente por la interventora titular de hace 20 meses, y que en todo este tiempo, con cambio en la Intervención incluido, no ha habido ninguna denuncia al respecto. Por ello asegura que se trata de un “cambio en el criterio de Intervención”, pero a su juicio la solución “no puede ser cesar a cuatro directores cuyas plazas fueron cubiertas sin que nadie detectara ninguna irregularidad”, a pesar de que ahora la interventora señala que no hay partida presupuestaria para dichas plazas y que los salarios no se incluyeron en la plantilla.
El primer edil ha asegurado que el criterio de los abogados municipales difiere, ya que aconsejan seguir pagando las nóminas ya que, de lo contrario, “a medio plazo” podrían reclamarlas judicialmente y podría suponer “su consolidación en el puesto”, a pesar de que se trata de cargos de confianza.
Por ello, ante las discrepancias entre el criterio de Intervención y el de los abogados del Ayuntamiento, el alcalde ha asegurado que tendrá que solucionar el problema un órgano superior, en este caso el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.
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