Según la documentación aportada por el regidor, el documento de la concesión archivado en el departamento de Contratación difiere del existente en la delegación de Obras, a pesar de que este último debería ser una copia del primero.
Los trazos de las firmas no coinciden, además de que se omiten ciertos párrafos de las obligaciones del contratista, como la existencia de un retén de trabajadores que nunca existió, según el alcalde, y por el que el Ayuntamiento podría haber estado pagando casi 300.000 euros al año.
Dicho contrato fue firmado el 20 de octubre de 2009 por el anterior concejal de Infraestructuras, el socialista Miguel Fernández Gil, y el director de Vía Pública, funcionario que este jueves ha sido apartado de empleo y sueldo.
Sobre los posibles beneficiarios de esta falsedad documental y malversación de fondos públicos, Jesús Gómez señala tanto a esas dos personas como a la UTE de empresas concesionarias, Reynover-Velasco.
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