El protocolo pretende desarrollar la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que establece que las organizaciones laborales como las administraciones públicas deben promocionar la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados y elevar su nivel de protección en seguridad y salud frente a los riesgos que se deriven de un daño físico o psíquico.
El Gobierno municipal ha considerado necesario elaborar este protocolo para establecer los procedimientos que se deben seguir a fin de prevenir o evitar conductas que puedan derivar en una situación de acoso, así como actuar y sancionar en el caso de que se registren.
Este pacto también contempla la creación, una vez agotada la fase de mediación, de una comisión o equipo de trabajo que se encargue de la investigación en caso de que exista una queja o reclamación de conflicto laboral.
Entre los objetivos del protocolo también se establece un procedimiento de actuación para resolver las reclamaciones con eficacia, y a la mayor brevedad, con el propósito de evitar conflictos y minimizar los daños.
Con este acuerdo, se pretende focalizar la actuación municipal en la prevención del acoso y erradicar este comportamiento en el ámbito laboral, así como fomentar la cooperación, la colaboración y un buen clima en el trabajo a través de campañas deformación, información y sensibilización.
Con el objetivo de garantizar una prevención eficaz de los comportamientos de acoso, el Ayuntamiento divulgará de forma continuada su contenido y se pondrá a disposición de los trabajadores del Ayuntamiento y de la Agencia de Empleo y Formación (ALEF).
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