El alcalde ha explicado que pusieron en conocimiento de la Justicia una serie de datos que creían que eran indicios de delito, ya que eran cinco aparcamientos los que se iban a desarrollar y se dieron cuenta de que en una de las cooperativas “estaba toda la familia” de la anterior concejala de Obras, Cristina González.
Según Soler, esto les llevó a pensar que esa adjudicación de 12 millones de euros podría esconder un aprovechamiento ilícito a través de una trama corrupta y ahora la juez instructora “sotiene que hay indicios claros de delito cuando las cinco entidades beneficiarias se constituyeron en el mismo notario, el mismo día, y a la misma hora”.
El caso se remonta a julio de 2099 cuando el PP denunció que la entonces concejala de Obras, Cristina González, vulneró la ley al votar en una Junta de Gobierno local la adjudicación de un aparcamiento a la cooperativa Jilguero en la que también figuraban como secretario y tesorera el padre y la madre de la edil.
Los populares también acusaron a Pedro Castro y a David Castro de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por supuestas irregularidades en la adjudicación de otros cuatro aparcamientos por lo que pidieron que se les citara a declarar.
La Fiscalía Anticorrupción archivó el caso en abril de 2010 pero el PP volvió a llevarlo a los juzgados al entender que no se había profundizado en el asunto.
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