La vicepresidenta de La Voz Animal, Beatriz Menchén, ha comparado su periodo de encierro con el mínimo de diez días que debe permanecer un animal en un centro de protección, por lo que ha afirmado que “si fuéramos perros o gatos, el alcalde José María Fraile ya nos habría sacrificado porque lo permite la ley”.
Menchén ha insistido en que no abandonarán las instalaciones hasta que el consistorio “adjudique el servicio a una asociación protectora de animales y no a una empresa desratizadora”, como ha calificado a la nueva concesionaria del servicio.
Mientras tanto, el pasado lunes el director general de Athisa, Manuel Bueno, afirmaba que su empresa estudia emprender acciones legales contra la anterior gestora del centro, Recasur S.L., por sus “acusaciones infundadas” al cuestionar la experiencia en labores de protección animal de la nueva adjudicataria.
Al mismo tiempo, Bueno ha asegurado que “no sólo cumpliremos el pliego de condiciones, sino el propio contrato” firmado junto con el Ayuntamiento, donde también se recogen de manera expresa las especificaciones sobre cómo gestionar el centro o las condiciones “muy excepcionales” para practicar algún tipo de eutanasia a los animales.
Además fuentes municipales han señalado que, mientras se extiende el encierro en las instalaciones del Centro de Protección Animal, han puesto en marcha un dispositivo especial junto con la nueva empresa adjudicataria para actuar con rapidez en caso de encontrar algún animal abandonado o fallecido en la vía pública y facilitar su traslado a otro centro.
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