La investigación se inició cuando una universidad madrileña, tras recibir una factura de una empresa de Polonia reclamando 2.000 euros por un pedido nunca realizado, denunció el caso a la Guardia Civil por si fuera una estafa. Así se descubrió que estos falsos pedidos los realizaba un comercial que trabajaba para una empresa odontológica y por su condición aprovechaba para visitar clínicas del sur de Madrid para falsificar datos, sellos e incluso, a veces, la firma de médicos.
Con esto hacía el pedido a la suministradora y recibía el material sin pagar nada. Para evitar que le empresa detectará la estafa llego a falsificar documentos de una entidad bancaria. La estafa ascendería a 9.500 euros según precio de fábrica de los productos, tal y como indica un portavoz del gabinete de prensa de la Guardia Civil. Al hombre se le imputan delito de estafa y 29 delitos de falsificación documental.
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