La trama introducía en España mercancías fabricadas en China eludiendo el pago de aranceles e inundaba el mercado con artículos a un precio de venta en los bazares, que destrozaba a la competencia. En colaboración con agentes de aduanas, supuestamente, introducían contenedores y engañaban al fisco español sobre su contenido real, por lo que pagaban aranceles menores al precio que tendría los productos reales que traían.
El Juzgado de Parla y los investigadores de la UCO de la Guardia Civil atribuyen a los detenidos delitos de blanqueo de capitales, falsedad contra Hacienda y contra la propiedad industrial. El centro de operaciones estaba situado en grandes naves ubicadas en las poblaciones de Fuenlabrada y Pinto.
El mercado de la trama eran bazares españoles, portugueses y marroquíes, muchos de ellos en connivencia con la red. Hasta 71 personas trabajaban para la trama, muy “estructurada y jerarquizada”, según las investigaciones. El sumario indica que había dos jefes absolutos Xiaohui y Mianlong Ruan, los únicos, junto con algunos de sus lugartenientes, que tenían una visión global de todo el operativo. Además, la red contaba con una treintena de testaferros, cuya misión era abrir cuentas corrientes para enviar a China las grandes cantidades de dinero negro que movían.
La investigación empezó cuando Hacienda y el Servicio de Prevención de blanqueo de Capitales detectaron en 2009 ciudadanos asiáticos desempleados que abrían cuentas para transferir dinero a su país. Lo mismo hacían con las 155 sociedades que crearon para enmascarar sus operaciones. 29 de los arrestados han acabado en la cárcel por orden de un juzgado de Parla.
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