España ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, como la práctica totalidad de países del mundo, hace ya 23 años, y con ello se compromete a adoptar las medidas administrativas, legislativas y de otra índole necesarias para dar efectividad a los derechos que en ella se reconocen, incluyendo los económicos, sociales y culturales en aspectos como vivienda, alimentación, sanidad o educación. Específicamente, se compromete a asegurar la prestación de la atención sanitaria necesaria a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud. Todo ello empleando el máximo de los recursos de que disponga y, si fuera necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. España, país donante hasta ahora, descendió en 2012 al 0,25%, desde el 0,46% previo, la proporción del PIB destinada a la ayuda internacional: cada vez más lejos del loado horizonte del 0,7%.
“Los médicos buscamos, por imperativo ético, el mayor beneficio posible en la salud de nuestros pacientes, lo cual no es alcanzable sin una visión global u holística, que contemple aspectos sociales, de derechos humanos, medioambientales...” explica Enrique Rodríguez-Salinas Pérez es pediatra de Atención Primaria y pertenece al Grupo de Inmigración, Adopción y Cooperación Internacional de la Asociación Española de Pediatría. La propia APEP, en su “Marco ético”, recoge el compromiso de los pediatras en la ayuda a la infancia desfavorecida y en la solidaridad expresada en la promoción de la cooperación internacional al desarrollo.
Es frecuente que los fondos, públicos o privados, destinados a la ayuda al desarrollo sean invertidos a través de proyectos desarrollados por ONG. “Estas organizaciones emplearán recursos humanos y materiales para la elaboración y ejecución de dichos proyectos de cooperación; aunque, por diferentes motivos ideológicos o políticos, existen notables diferencias en el enfoque de la ayuda al desarrollo entre las diversas organizaciones, es muy importante tener en cuenta criterios de sostenibilidad y eficiencia” apunta Rodríguez-Salinas que matiza que “para ello deben contar con la participación activa de las comunidades objeto de la ayuda”.
Más información en: www.aepap.org/grupos/grupo-de-cooperacion-inmigracion-y-adopcion
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