El Partido Socialista interpuso la denuncia para que se investigaran las irregularidades y la Fiscalía de Fuenlabrada solicita para Alvarez Sojo diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
En el documento de diligencias previas consta que con los informes desfavorables del interventor y del secretario municipal procedió a fraccionar varios contratos de ejecución de obras, adjudicándolas directamente a dos empresas con el objetivo de reducir la cuantía para eludir los requisitos de publicidad, procedimiento y forma de adjudicación de las mismas, impidiendo la participación de otras empresas distintas.
Según el escrito del fiscal, mediante este procedimiento se adjudicaron diez obras por un importe inferior a los 30.000 euros.
Álvarez Sojo siempre ha negado la comisión de un delito de prevaricación y lo ha atribuido a una denuncia política de sus excompañeros en el PSOE.
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