La última oferta de la empresa, mantenida por el ex ministro Manuel Pimentel en calidad de mediador, pasa por mantener el empleo de 80 de los 236 trabajadores afectados de Fuenlabrada, y traslados para el resto, mientras que se señalan prejubilaciones a los 56 años y bajas incentivadas con 45 días por año con un máximo de 42 mensualidades y 10.000 euros más de incentivo.
Sin embargo los sindicatos creen que no hay un avance sustancial, aunque sí un cambio de actitud de la empresa. Por ello estudiarán la propuesta en agosto para retomar las negociaciones en septiembre.
Sin embargo ha nacido la polémica en el seno de Comisiones Obreras, ya que los trabajadores del campamento de Fuenlabrada no han acudido a esta última reunión y han censurado a su representante estatal, del que reniegan y del que dicen que no les representa. Según Juan Carlos Asenjo, portavoz del campamento, cualquier oferta que no pase por readmitir a todos los trabajadores y ejecutar la sentencia debe ser rechazada.
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