La decisión judicial se basa en un informe del ministerio fiscal en el que se determina que no se ha podido acreditar fines ilegítimos en su colocación y además, se concluye que no se ha demostrado que la colocación de la cámara por parte del Jefe de la Policía Local tuviera otro objetivo que el de investigar la desaparición de expedientes personales de funcionarios del departamento.
Desde el Ayuntamiento siempre se ha confiado en la legalidad de la actuación del Jefe de los agentes municipales, quien ordenó la instalación de esta cámara a la petición realizada por el anterior director de Recursos Humanos, quien denunció que desaparecían expedientes.
El gobierno local se ha mostrado satisfecho con la resolución judicial por considerar que termina con la actitud demagógica y oportunista que en este asunto ha tenido al oposición del PP.
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