Entre las medidas más destacadas de esa reforma prevista está que el 82% de los concejales no cobrarán, que se establece una tabla de sueldos para alcaldes y concejales que no cobrarán más que un secretario de Estado, o que los cargos directivos locales serán funcionarios. La reforma pretende ahorrar 7.129 millones de euros, pero algunos puntos han encendido la polémica, como la prohibición de crear empresas públicas y disolver las existentes, o el límite al personal eventual, que se elimina en pequeños municipios y que no podrá superar el 0.7% de la plantilla en los grandes.
El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, ha sido uno de los más beligerantes contra esta reforma. Robles ha opinado que se trata del “mayor ataque de un gobierno a los ayuntamientos españoles”, y ha destacado que se establecen recorridos para privatizar servicios y no se entra en la cuestión de la financiación municipal.
Una de las reformas que más ha escamado a muchos alcaldes es la posibilidad de que un Ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes sea “intervenido” por el más cercano si el primero acumula tres años con déficit. En el sur de Madrid uno de los que se podría ver afectado es Torrejón de Velasco, con 4.200 vecinos, cuyo alcalde, Gonzalo Cubas, ha asegurado que esta reforma puede contribuir a ahorrarle dinero a los ayuntamientos pequeños, pero que en todo caso habrá que explicar muy bien cómo se va a hacer, cómo se van a eliminar competencias como educación y qué se hará con las partidas que ya reciben o con los trabajadores de determinados sectores.
Mientras la discusión sigue en liza, el presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), David Pérez, ha asegurado que convocará una Junta de Gobierno extraordinaria para analizar el proyecto de reforma de la Administración Local.
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