Aguirre ha recordado que el caso salió a la luz en 2006 y que los dos ex alcaldes fueron excarcelados y luego puestos en libertad bajo fianza al entender el juez que habían firmado presuntamente un contrato por el cual recibían 40 millones de euros por la recalificación urbanística de unos terrenos rústicos.
Según la presidenta regional, el dinero se lo llevaron a Andorra, y ha añadido que por fin después de cuatro años se va a abrir el juicio oral ya que dice que lo que tiene que quedar claro es que los responsables políticos, los poderes públicos, no pueden de ninguna manera utilizar el cargo para enriquecerse personalmente.
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