Según los sindicatos, la indemnización de 10.000 euros servirá, entre otras cuestiones, para el alquiler de una vivienda en Zaragoza. Si no se adaptan, se podrán acoger a las condiciones de despido, que contemplan para en principio una veintena de empleados con 51 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades y un plus de 2.000 euros para una veintena de empleados y para todos aquellos que no acepten el traslado de manera voluntaria. Por último, una decena de trabajadores se quedarán en el departamento de Villaverde.
Así se refleja en el documento negociado por el sindicato UGT, mayoritario en el comité de empresa, cuyo secretario de organización del sector del Metal y la Construcción, Jesús Acicolla, ha señalado que se trata de un acuerdo “satisfactorio” a pesar de que “te queda el sabor amargo de que una vez más una factoría de la Comunidad de Madrid se deslocaliza y se van da la región 120 puestos de trabajo”.
La pasada semana el conflicto llegaba a la Asamblea de Madrid a través de una pregunta del diputado socialista Jesús Dionisio, que pedía al gobierno regional que evitase el cierre de esta planta ya que “no hay motivos económicos”, a lo que respondía el consejero de Economía, Enrique Ossorio, defendiendo que no pueden “interferir” en las decisiones de las empresas.
Comentarios